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| Foto Sputnik |
Por Cubadebate | teleSUR
De acuerdo con la organización Somos Defensores, en lo que va de 2017 se ha conocido de las muertes de 51 líderes sociales en Colombia, lo cual significa un incremento de un 30% con respecto a la cantidad de este tipo de hechos ocurridos en el pasado año.
“Los asesinatos a líderes sociales en el país no paran. El cuerpo de Idalia Castillo Narváez, una líder comunal del municipio de Rosas, Cauca, fue encontrado con señales de abuso sexual. Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer de la región, explicó a Caracol Noticias que la mujer fue torturada, abusada sexualmente y, posteriormente, asesinada” reportó el portal Nodal.
Castillo era miembro de la Mesa de Participación de Víctimas y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio.
El pasado domingo, las autoridades reportaron el asesinato de Nidio Dávila, líder social en Nariño, quien se negó a pagar una ‘vacuna’ (impuesto ilegal) a presuntos paramilitares.
De acuerdo con Cristian Delgado, coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica, los departamentos en los que más se presentan amenazas y homicidios a líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Analistas aseguran que la violencia se debe a factores como el vacío de poder que existe en los territorios del país. Cuando las FARC-EP salieron de los territorios se creó un vacío de poder que fue tomado por diferentes grupos que presionan a los líderes sociales, aseguró Carlos Guevara, miembro de Somos Defensores.
“Los asesinatos a líderes sociales en el país no paran. El cuerpo de Idalia Castillo Narváez, una líder comunal del municipio de Rosas, Cauca, fue encontrado con señales de abuso sexual. Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer de la región, explicó a Caracol Noticias que la mujer fue torturada, abusada sexualmente y, posteriormente, asesinada” reportó el portal Nodal.
Castillo era miembro de la Mesa de Participación de Víctimas y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio.
El pasado domingo, las autoridades reportaron el asesinato de Nidio Dávila, líder social en Nariño, quien se negó a pagar una ‘vacuna’ (impuesto ilegal) a presuntos paramilitares.
De acuerdo con Cristian Delgado, coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica, los departamentos en los que más se presentan amenazas y homicidios a líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Analistas aseguran que la violencia se debe a factores como el vacío de poder que existe en los territorios del país. Cuando las FARC-EP salieron de los territorios se creó un vacío de poder que fue tomado por diferentes grupos que presionan a los líderes sociales, aseguró Carlos Guevara, miembro de Somos Defensores.
Tres líderes sociales asesinados en 72 horas
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.
Según Negret una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales de ocupar los espacios del territorio abandonados por las FARC-EP en su desmovilización.
Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Una de las exigencias vitales de las FARC-EP desde que comenzaron los diálogos de paz ha sido iniciar el desmontaje del paramilitarismo en Colombia. La posición del Gobierno ha sido desconocer su existencia alegando que durante el mandato de Álvaro Uribe entre los años 2006 y 2008, cerca de 32.000 paramilitares fueron desmovilizados.
Pero dirigentes insurgentes señalan que esos grupos paramilitares pasaron a ser catalogados por el Gobierno como bandas criminales, las que continúan amenazando, fustigando y asesinando a los líderes y movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra.
El ataque sistemático contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la estigmatización y persecución en contra de movimientos y organizaciones sociales se mantiene. La comunidad colombiana que reside en las zonas antes mencionadas esperan que le Gobierno de Juan Manuel Santos haga esfuerzos para evitar más muertes en el futuro.
Según Negret una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales de ocupar los espacios del territorio abandonados por las FARC-EP en su desmovilización.
Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Una de las exigencias vitales de las FARC-EP desde que comenzaron los diálogos de paz ha sido iniciar el desmontaje del paramilitarismo en Colombia. La posición del Gobierno ha sido desconocer su existencia alegando que durante el mandato de Álvaro Uribe entre los años 2006 y 2008, cerca de 32.000 paramilitares fueron desmovilizados.
Pero dirigentes insurgentes señalan que esos grupos paramilitares pasaron a ser catalogados por el Gobierno como bandas criminales, las que continúan amenazando, fustigando y asesinando a los líderes y movimientos sociales que luchan por el derecho a la tierra.
El ataque sistemático contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la estigmatización y persecución en contra de movimientos y organizaciones sociales se mantiene. La comunidad colombiana que reside en las zonas antes mencionadas esperan que le Gobierno de Juan Manuel Santos haga esfuerzos para evitar más muertes en el futuro.
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